Infancia migrante
La reforma del reglamento de extranjería: un hito que requerirá de recursos y voluntad política

El pasado 19 de octubre, en el Consejo de Ministros del martes, sucedió algo por lo que menores migrantes y colectivos y organizaciones que apoyan al colectivo habían luchado muchos años: se aprobó una reforma al reglamento de extranjería que mejora el acceso de la infancia migrante no acompañada a la documentación y al derecho al trabajo. La presión por parte de estos actores sobre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se había intensificado en los últimos meses, tras el compromiso enunciado, hace ya más de un año, por parte de esta cartera, de modificar el reglamento de extranjería incorporando demandas históricas de este colectivo. La aprobación de esta reforma ha sido considerada como un hito por parte de la sociedad civil implicada con los derechos de la infancia migrante. Así lo califica Jennifer Zuppiroli, integrante de Save the Children, una de las 29 organizaciones que el mismo martes 19 difundieron un comunicado en el que celebraban la reforma como “un paso histórico hacia la inclusión de los niños y niñas que llegan solos a España”. Asociación ex-menas de Madrid, Andalucía Acoge, Fundación Raíces, o Asociación Maakum, son algunas de las entidades que rubricaron el documento.

La reforma del reglamento permite “apostar por la inclusión y ya no tener todo el rato miedo al efecto llamada, nos parece que es de verdad un cambio de posicionamiento en este sentido”, Jennifer Zuppiroli (Save the Children)

Zuppiroli califica este avance de punto de inflexión por dos razones. Primero porque implica para niñas, niños y jóvenes el acceso a derechos que se estaban viendo vulnerados pues  “han reducido esos obstáculos que existían tanto para los menores de edad como para los mayores de edad para poder acceder al permiso de residencia, pero también mantenerlo y renovarlo”.  En segundo lugar, explica la integrante de Save the children, “permite cambiar un poco esa narrativa, y apostar por la inclusión y ya no tener todo el rato miedo al efecto llamada, nos parece que es de verdad un cambio de posicionamiento en este sentido”. Es en el efecto retroactivo de la medida, que se aplicará a chavales que han sido excluidos previamente del sistema por el reglamento anterior, donde Zuppiroli ve un mensaje contundente en cuanto al cambio de mirada hacia la inclusión, pero también de aceptación de que las políticas dirigidas hasta ahora a la infancia no acompañada y jóvenes ex tutelados suponía la vulneración de sus derechos.

Que la normativa tenía que cambiar era algo que venían denunciando, con múltiples propuestas jurídicas, muchos colectivos durante muchos años, concuerda la antropóloga especializada en infancia migrada Mercedes Jiménez, una conquista que se ha conseguido tras “un pulso vital entre Interior y Migraciones”, apunta.

Y es que paralelamente al anuncio de esta reforma desde la cartera de Escrivá, en el ámbito de las migraciones el Ministerio de Interior ha cobrado un controvertido protagonismo este último año, llevando las lógicas securitarias más allá de la legalidad: desde el bloqueo de las personas migrantes en las islas Canarias, a las devolución de 45 menores a Marruecos el pasado agosto. En este contexto, el pasado julio la campaña #ReformaReglamentoExtranjeríaYa instaba al ministro Escrivá a cumplir con su compromiso, una demanda que se concretó en septiembre en diversas manifestaciones en todo el territorio. Así, la reforma, apunta Jiménez, es fruto de la trayectoria de tantos colectivos que  “han llamado la atención sobre una situación insostenible, como la sentencia del Tribunal Supremo que pedía unas medidas y unos requisitos imposibles para renovar el permiso de residencia para los jóvenes ex tutelados, o que los menores extranjeros a partir de 16 años tutelados no podían trabajar porque no se les permitía, lo cual generaba una discriminación frente a los chicos de 16 años autóctonos”.

Así, para la antropóloga, que el gobierno haya escuchado finalmente las propuestas desde la sociedad civil implica que, finalmente, “la legislación de extranjería se rinde un poco a la protección, siempre ha habido esta tensión entre que son niños que tiene que ser protegidos y migrantes que tienen que ser controlados”.  Jiménez  considera que era cuestión de tiempo que se anunciara la reforma aunque dentro del PSOE se hayan debido superar miradas contrapuestas en torno a esta cuestión.

Para Mercedes Jiménez, que el gobierno haya escuchado finalmente las propuestas desde la sociedad civil implica que, finalmente, “la legislación de extranjería se rinde un poco a la protección, siempre ha habido esta tensión entre que son niños que tiene que ser protegidos y migrantes que tienen que ser controlados”

En medio del optimismo por la medida, el colectivo Did L3onf - Contra la violencia, recordaba que, más allá de las leyes, la ampliación de derechos dependería en gran medida de la voluntad política, de hecho recordaba que si bien los plazos anteriores eran más amplios, nadie obligaba a las autoridades a agotarlos para tramitar la documentación.

CUÁNTA VIOLENCIA causan las (omisiones de)
DECISIONES POLÍTICAS. pic.twitter.com/YoxxFfOGHP

— Did L3onf (@didl3onf) October 19, 2021

La activista antirracista Ainhoa Nadia Douhaibi, educadora social y coautora del libro La Radicalización del Racismo. Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista (Cambalache Editorial, 2019), recuerda que las interpretaciones de la ley siempre tienen un carácter político, y dependen del escenario pero “a priori, por lo que se ve, lo que se intenta hacer es rebajar la interpretabilidad de algunas medidas que existían entonces, en ese sentido yo creo que en principio sí es un hito, pero habría que ver cómo se aplica”. Celebra en todo caso las modificaciones pues “el nivel de violencia y racismo institucional con el reglamento anterior era obsceno”, una violencia y racismo institucional que en su opinión se nutre del marco más amplio de la Ley de Extranjería. La activista recuerda así, que aún celebrando toda medida que atenue ese nivel de violencia, no se debe perder de vista la abolición de la Ley de Extranjería como horizonte.

Una cuestión de voluntad política

¿Ofrece el texto garantías de que su aplicación no dependerá de la voluntad política y por ende,  su alcance no estará sujeto a un eventual  cambio de gobierno?  “El real decreto ya está aprobado y publicado en el BOE, ya es parte de nuestra normativa y de nuestro reglamento de extranjería”, enfatiza Zuppiroli, quien expresa ciertas dudas de que se pueda interpretar la norma de manera más restrictiva. “Realmente el texto es bastante claro y en ese sentido creemos que apuesta para recuperar de la vulnerabilidad social y económica a muchos chavales y nos alegramos enormemente de ello”.

Douhaibi alerta por su parte de que una falta de voluntad política traducida en la asignación insuficiente de recursos puede mermar el alcance de unas mejoras que implican “también tener suficientes técnicos, administrativos, juristas, etc, pudiendo llevar a cabo esas medidas, que no se llevan a cabo solas. Necesitas personal que lo ejecute, necesitas agilidad administrativa, necesitas toda una serie de cosas que las conviertan en realidad”. Jiménez comparte las mismas prevenciones: “a lo que hay que estar atentos ahora es en cómo se va a llevar a cabo, porque aquí esto va a dar muchísimo trabajo”.  Una necesidad de diligencia que va a deber enfrentar grandes desafíos administrativos como por ejemplo garantizar la documentación a todos los niños que se encuentran actualmente en Ceuta. Así, la experta se pregunta cómo el racismo institucional operará en las subdelegaciones de extranjería y teme, por otro lado, que la aplicación de estas nuevas medidas puedan agravar los tapones administrativos que ya existen, si no se contrata más personal.

Una falta de voluntad política traducida en la asignación insuficiente de recursos puede mermar el alcance de unas mejoras que implican “personal que las ejecute, agilidad administrativa, toda una serie de cosas que las conviertan en realidad”, advierte Douhaibi

Por último, si bien la reforma es retroactiva y rescata a quienes estuvieron alguna vez tutelados, la portavoz de Save The Children recuerda a quienes ni tan siquiera llegaron a ser reconocidos como tales por las controvertidas pruebas de determinación de la edad. “¿Qué pasará con los chavales que han sido declarados mayores de edad a través de unas pruebas que realmente sabemos que no son fiables y que el Comité de derechos del niño muchas veces ha denunciado porque no respetan los derechos de la infancia?”, se pregunta. Zuppiroli considera que la sociedad civil deberá quedar vigilante para mitigar estas limitaciones y “ampliar el alcance de la nueva normativa que se ha aprobado”.

Racismo estructural, IMV y ultraderecha

En junio de 2020, cuando el Ingreso Mínimo Vital se discutía en el Congreso, la representante del partido de ultraderecha con representación en el parlamento, utilizaba gran parte de su turno de palabra para señalar algo que encontraba inadmisible: la eventualidad de que los menores ex-tutelados tuvieran acceso a esta ayuda económica. Los portavoces más destacados de dicho partido llevaban semanas atacando la propuesta del gobierno sobre la base de que se destinaría a inmigrantes en situaciones irregular, y una vez desmentida esa posibilidad —el gobierno optó por excluir a este colectivo a pesar de las demandas de redes de migrantes y sociedad civil— se centraron en su batalla contra menores y ex-tutelados. Una guerra que retomaron en las redes el pasado martes ante el anuncio de la reforma, llenándolas de mensajes racistas y xenófobos contra niños y jóvenes extranjeros no acompañados a los que acusaban de recibir ayudas.

 “Nosotros hemos luchado mucho también y abogado para que el IMV incluyera también a los jóvenes ex-tutelados porque consideramos que son realmente unos colectivos en situación de mayor vulnerabilidad”, explica Zuppireli. La falta de apoyo a la emancipación, al acceso a la vivienda, o a la búsqueda de empleo junto a una gran falta de plazas post tutela conformarían ese marco de vulnerabilidad. “Estamos hablando de que los chavales a los 18 años deben abandonar los centros y no podemos pensar que sea en igualdad  de condiciones con cualquier otro joven que vive con una familia, o tiene el apoyo familiar en caso de que algo vaya mal”, no solo el IMV —cuyas problemáticas en cuanto a gestión son conocidas— debe proteger a este colectivo, Zuppiroli recuerda que las Comunidades Autónomas también tienen sus propias ayudas, y que algunas pueden tener mayor alcance, amparando por ejemplo a aquellos ex-tutelados que no se puedan acoger al nuevo reglamento.

Lo que queda de manifiesto es que cualquier avance en derechos de la infancia no acompañada va a ser utilizado por la extrema derecha para atacar al gobierno a consta de deshumanizar a estas chicas y chicos. Douhaibi no se muestra sorprendida: “Estamos hablando de marcos ideológicos profundamente diferentes, es gente que defiende directamente que la soberanía de estado va por delante de la vida de la gente en la frontera, que la violencia siempre está justificada en tanto que los de casa primero. La extrema derecha siempre va a utilizar lo que pueda para expandir su ideología racial”. La activista antirracista recuerda que, sin embargo, la extrema derecha se sirve de la existencia de una categoría racial presente, colectivamente construida en base a un racismo estructural que engloba a todo el espectro institucional y social. 

Y es que este odio que enfrentan los menores y que se volvió a poner en evidencia tras la aprobación de la reforma está en expansión. El Oberaxe ( Observatorio español del racismo y la xenofobia) publicaba recientemente que se ha dado un aumento en los discursos de odio especialmente en las redes sociales, recuerda la técnica de Save The Children. Discursos que trascienden lo opinativo y tienen su correlato en todos los espacios institucionales: “también es verdad que hace falta sensibilización en los juzgados porque por ejemplo, en el caso del cartel que se publicó durante la campaña electoral en Madrid, finalmente el juez determinó que no había habido ningún tipo de discurso de odio: la argumentación que usaba justificaba el hecho de que efectivamente la infancia migrante suponía un problema social”.